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El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el domingo 15 de septiembre publicará su reforma judicial. Esta medida permitirá que los jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia sean elegidos mediante voto popular, a partir de 2025.
Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario destacó que la propuesta ya cuenta con el apoyo necesario de 17 congresos locales, lo que es un requisito para modificaciones constitucionales. La promulgación coincidirá con la celebración del Grito de Independencia, evento de gran simbolismo para el país.
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López Obrador señaló que la publicación de esta reforma es clave para fortalecer la democracia en México. Según sus palabras, «es una reafirmación de que en nuestro país el pueblo tiene el derecho de elegir a sus representantes y servidores públicos en los tres poderes».
La aprobación en los congresos locales se logró en tiempo récord. Este jueves, los legisladores de los estados completaron el proceso, apenas 21 horas después de que el Senado diera su visto bueno. Este mismo Senado había votado a favor una semana después de que la Cámara de Diputados aprobara la iniciativa.
Las votaciones no estuvieron exentas de tensión. En varios estados, como Puebla y Yucatán, trabajadores del Poder Judicial protestaron en un intento de frenar la aprobación de la reforma. En Querétaro, el Congreso local votó en contra.
A partir de junio de 2025, los mexicanos acudirán a las urnas para seleccionar a los jueces, ministros de la Suprema Corte y los integrantes del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial. Este organismo tendrá la tarea de sancionar a aquellos jueces cuyas decisiones sean irregulares.
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El presidente enfatizó que esta medida es un reflejo del poder democrático en el país. «La democracia no es solo para las élites o la clase política, sino para todos los ciudadanos», afirmó.
Sin embargo, la reforma ha generado inquietud en varios sectores. Organismos internacionales, como la ONU y Human Rights Watch, han manifestado su preocupación. También han expresado reservas la Asociación Internacional de Abogados y algunos socios comerciales de México, como Estados Unidos. Temen que la medida abra la puerta a la interferencia del Ejecutivo y a la influencia de grupos de interés, incluyendo el crimen organizado, en las campañas para elegir a los jueces.
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