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Seis meses y la denuncia de dos colectivos de búsqueda fueron necesarios para que autoridades investigaran el rancho Izaguirre, campo de exterminio en Teuchitlán, Jalisco.
La Guardia Nacional (GN) aseguró el sitio el 18 de septiembre de 2024 tras un enfrentamiento. En ese momento, se identificó como centro de adiestramiento, se liberó a dos personas, se detuvo a 10 sospechosos y se halló un cuerpo.
Colectivos destapan la verdad
Tres meses después, Madres Buscadoras de Jalisco encontró crematorios y pertenencias humanas tras el testimonio de un sobreviviente. Aunque notificaron a las autoridades, estas no actuaron. Posteriormente, documentaron todo con fotos y videos.
En enero, volvieron al lugar y confirmaron que nada había cambiado. El 5 de marzo, Guerreros Buscadores difundió imágenes de zapatos abandonados, viralizando el caso y obligando a las autoridades a reaccionar.
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Indira Navarro, líder de Guerreros Buscadores, acusó al exgobernador Enrique Alfaro de encubrir los hechos, señalando que «lo que nosotros encontramos con una varilla, ellos no lo vieron con toda su tecnología».
Autoridades bajo la lupa
El fiscal general, Alejandro Gertz Manero, afirmó que algo de esa magnitud no pudo pasar desapercibido para las autoridades locales. Mientras tanto, el actual gobernador, Pablo Lemus, se deslindó de responsabilidades, argumentando que el hallazgo ocurrió antes de su administración.
Más casos sin respuesta
No es el primer caso. En 2017, se halló otro centro de exterminio en Las Navajas, municipio de Tala. Allí se rescató a 40 personas y se desmanteló un campamento usado para entrenar sicarios. En 2019, en Tepatitlán, se encontró un rancho con restos óseos y evidencias de ejecuciones, pero la investigación se estancó.
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Los colectivos exigen respuestas. El silencio oficial y la falta de acción solo profundizan la desconfianza y el dolor de quienes buscan a sus desaparecidos.
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