Nuestras Plumas
#ClaroyConciso
Alberto Castelazo Alcalá
@Castelazoa
Sheinbaum
La reciente declaración del ministro en retiro José Ramón Cossío Díaz plantea un posible desenlace ante el desacato de la Suprema Corte: procesar penalmente a quienes incumplan la sentencia. Sin embargo, esta acción parece improbable. Lo que enfrentamos es una crisis constitucional sin precedentes, con el Estado de Derecho comprometido mientras se ignoran suspensiones y resoluciones judiciales.
¿Qué ocurre cuando dos poderes de la Unión desobedecen al órgano responsable de mantener el equilibrio de poderes? La posibilidad de procesar a una presidenta respaldada popularmente y a un Congreso controlado por Morena resulta inviable en la práctica, aunque legalmente sea posible. La fuerza del Poder Judicial ha quedado relegada, llevando a una crisis que afecta a todos los ciudadanos.
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La presidenta Claudia Sheinbaum, junto con Monreal y Fernández Noroña, parece segura de no enfrentar consecuencias legales. Esta seguridad emana de un respaldo popular que ven como un blindaje contra las resoluciones de la Corte. Aunque las leyes lo permitan, el encarcelamiento de estas figuras políticas parece utópico. En este contexto, ¿cómo se defiende la certeza jurídica cuando las sentencias son ignoradas?
Si el Supremo no puede hacer cumplir sus decisiones, ¿qué sucede con las resoluciones de otros tribunales? En casos recientes, sentencias judiciales como las pensiones laborales, la entrega de medicamentos y la prohibición de tortura han sido ignoradas por el Gobierno. Sin embargo, en 2023, la misma Corte protegió a Morena en su demanda contra el “modo honesto de vivir”, señalando que un régimen democrático no puede imponer una moralidad única.
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A diferencia del Ejecutivo y el Legislativo, las decisiones de la Corte tienen bases legales claras. Al invalidar la reforma judicial, la Corte cuenta con fundamentos sólidos en derechos humanos. En cambio, la presidenta y su equipo optan por el desacato, respaldados solo por su percepción de apoyo popular.
Los regímenes autoritarios modernos representan un desafío único, ya que se sostienen por el respaldo del pueblo, lo cual les permite evadir contrapesos democráticos. Esto abre un futuro incierto: ¿qué pasaría si en las próximas elecciones la oposición triunfa y Morena se niega a aceptar el resultado? Sería un paso hacia la erosión del Estado de Derecho, del cual la administración de Sheinbaum será responsable si no se corrige este camino.
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