Nuestras Plumas
Claro y Conciso
Alberto Castelazo Alcalá
@Castelazoa
En los últimos meses de su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha tenido que soportar varios golpes de realidad. Ni el país está pacificado, según lo han aceptado recientemente altos mandos del Ejército en la conferencia de Palacio Nacional, ni México se acerca a tener un sistema de salud como el de Dinamarca, debido a la implementación de modelos que él ha calificado como “fallas”.
Tampoco se pudo poner un freno al favoritismo de empresas o, en palabras de López Obrador, a la corrupción y al tráfico de influencias que tenía como origen el periodo neoliberal, en particular de los últimos gobiernos del PAN y del PRI.
El caso de la compañía Farmacéuticos Maypo, con contratos por más de 24 mil millones de pesos en la administración federal de la 4T, se inscribe en este contexto.
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En los inicios de su gestión, López Obrador denunció oficialmente a tres distribuidores farmacéuticos que, “inmoralmente”, acaparaban más del 60% de las adquisiciones de medicamentos en el ISSSTE y en el IMSS.
Mediante el oficio 009/03/20/19 de la Presidencia de la República, instruyó a la entonces Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda, Raquel Buenrostro, imponer un veto a las firmas Fármacos Especializados, encabezada por Francisco Fayad; Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico (Dimesa), a cargo de Carlos Álvarez, y a Farmacéuticos Maypo, de Carlos Arenas Wiedfeldt.
Como recordatorio, el oficio decía lo siguiente: “Como es sabido, tres proveedores de medicinas y materiales de curación […] vendieron, en 2018, al ISSSTE y al IMSS, 34 mil 280 millones de pesos, el 62.4% de todas las compras que llevaron a cabo dichas instituciones, sin incluir lo adquirido por la Secretaría de Salud y los gobiernos locales. Este hecho resulta a todas luces inmoral y violatorio del Artículo 28 de la Constitución, que prohíbe la existencia de monopolios”.
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Y seguía: “En razón de lo anterior, le solicito que, de conformidad con la legalidad en la materia, se impida la participación en licitaciones o adjudicaciones directas a dichas empresas, hasta que sepamos, a ciencia cierta, si no hubo en estas operaciones corrupción y tráfico de influencias”. La instrucción era más clara que el agua.
No obstante, en ese año (2019), Farmacéuticos Maypo obtuvo contratos por más de 8 mil 200 millones de pesos y en los siguientes ejercicios fiscales no hizo más que incrementar sus ingresos con el gobierno federal, principalmente con el IMSS, para acumular un total de 24 mil 200 millones de pesos en el sexenio de AMLO, la mayoría por adjudicación directa.
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Si bien esta cifra representa la mitad de los casi 48 mil millones de pesos que esta empresa se embolsó durante el sexenio pasado, la orden de desaparecerla de las compras de gobierno no se ejecutó ni se le exoneró tampoco de las acusaciones de corrupción y de concentración del mercado de distribución de medicamentos.
Otras dependencias que solicitaron los servicios de Maypo en el sexenio fueron el Instituto Nacional de Rehabilitación, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el Instituto Nacional de Pediatría, el Hospital Infantil de México, el Instituto Nacional de Cardiología y la Secretaría de Marina.
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