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La Fiscalía General de la República (FGR) ha abierto investigaciones contra jueces y magistrados tras otorgar suspensiones que frenan la reforma judicial. Las indagatorias responden a denuncias interpuestas por el Poder Legislativo y Ejecutivo, que acusan a los jueces de abuso de autoridad.
Fuentes judiciales, que pidieron no ser identificadas por temor a represalias, han confirmado que la FGR solicitó a los jueces involucrados que envíen copias de los expedientes relacionados con estas suspensiones. Esta acción ha sido interpretada por algunos jueces y magistrados como un intento de presión y coacción, similar a prácticas de regímenes autoritarios que buscan controlar el poder judicial.
Para proceder penalmente contra un juez, es necesario que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) retire su fuero. Esto se traduce en que, mientras no se dicte una responsabilidad administrativa que lleve a la pérdida del fuero, no es posible consignar un caso ante un juez penal. Las fuentes aclaran que, aunque se abran las carpetas de investigación, no necesariamente se iniciarán procesos penales en contra de los jueces.
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“La FGR solicita a los jueces los expedientes alegando una denuncia por abuso de autoridad. Sin embargo, aunque se configure como delito, un juez penal determinará su viabilidad, y en la situación actual, es improbable que se dicte una orden de arresto”, explican los involucrados.
Las fuentes también afirman que se han interpuesto quejas disciplinarias contra estos jueces ante el CJF, a través de la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas. Este procedimiento busca evaluar si los jueces incurrieron en faltas graves, lo cual podría llevar a su destitución. Asimismo, mencionan que tres de los consejeros del CJF, vinculados a la administración actual, integran la Comisión de Vigilancia.
Ante la presión, algunos jueces han solicitado a la ONU medidas cautelares para proteger la independencia judicial en México. Durante una conferencia de prensa en Palacio Nacional, el 18 de octubre, la consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, anunció que el gobierno federal presentará más denuncias ante el CJF contra jueces que concedieron amparos para frenar la reforma judicial.
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Con alrededor de 170 suspensiones emitidas, podría haber de 20 a 30 jueces implicados en este contexto. Las fuentes temen que, con el cambio en la integración del CJF en 2025, la situación de los jueces se torne aún más tensa, ya que se espera un Tribunal de Disciplina que podría adoptar una postura menos favorable hacia estos impartidores de justicia.
Finalmente, los jueces advirtieron que este proceso marca el inicio de una persecución judicial. Para que un juez penal acepte un caso, el Consejo debe aprobar la destitución, y cualquier actuación penal debe esperar hasta 2025, cuando nuevos jueces estarán a cargo.
FGR
