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Esta semana, el Ejército intensificó su lucha contra los cárteles al desplegar operativos en Guerrero y Sinaloa. Aunque la orden proviene del nivel político, las Fuerzas Armadas exigen protección total para actuar sin enfrentar repercusiones legales. La petición está dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum, buscando evitar conflictos legales y políticos.
La reciente reforma que otorga a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) control absoluto de la Guardia Nacional refuerza su capacidad operativa. Esta medida brinda mayor cobertura legal ante las acciones de esta fuerza, especialmente en la lucha contra los cárteles.
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Un aspecto que inquieta a los mandos militares es la situación en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). En el Senado, las audiencias para definir a su próxima presidenta ya han comenzado, bajo la dirección de Javier Corral Jurado, un exgobernador panista ahora aliado de Morena. Aunque el Ejército no muestra preferencia explícita sobre quién debería ocupar la presidencia, considera ideal un perfil alineado con el actual, como el de Rosario Piedra Ibarra, quien ha sido cuestionada por su cercanía al oficialismo.
La preocupación militar también se intensificó luego de las recientes declaraciones de Sheinbaum, quien aseguró que su gobierno no tolerará ejecuciones fuera del marco legal. Además, confirmó que ya se investigan a ocho militares que abrieron fuego contra un vehículo en Culiacán, casi matando al conductor.
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Este contexto revive un desafío recurrente para el gobierno: enfrentar al crimen organizado respetando la ley sin descuidar la respuesta ante el creciente poder delictivo.
El jueves, un operativo en Tecpan de Galeana, Guerrero, dejó 16 muertos. En tanto, en Jerécuaro y Acámbaro, Guanajuato, municipios gobernados por la coalición PAN-PRI-PRD, el crimen detonó dos coches bomba. El ataque resultó en daños materiales y tres policías heridos, evidenciando la escalada de violencia.
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