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En una acción rápida, un juez federal ha mandado a Petróleos Mexicanos (Pemex) que en menos de 24 horas restablezca los pagos de la pensión post mortem a María Amparo Casar. Esta decisión sigue a la suspensión inesperada de dichos pagos desde marzo.
El Juez Sexto de Distrito en Materia de Trabajo, Ricardo Guzmán Wolffer, otorgó la suspensión de plano a la presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), asegurando que Pemex cumpla con sus obligaciones pendientes.
La suspensión proviene de un amparo interpuesto por Casar, quien alegó que la empresa estatal había cesado de abonar la pensión por la muerte de su esposo, Carlos Fernando Márquez Padilla, en octubre de 2004. El juez dictaminó que los derechos a estos beneficios son adquiridos y no pueden ser interrumpidos unilateralmente.
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Guzmán Wolffer estipuló que Pemex debe actuar conforme a derecho y respetar el derecho de defensa de la quejosa, verificando cualquier justificación para la suspensión en el término establecido. Además, el juez informó que se sancionará cualquier incumplimiento conforme a la ley.
Curiosamente, el juez también se declaró incompetente para seguir con el amparo, argumentando que la pensión no es una prestación laboral, sino administrativa, derivada de una nueva relación entre la institución y los beneficiarios. Por ello, el caso fue transferido a un juzgado en materia administrativa.
El fallo, que fue publicado por el juez el 10 de enero de 2005, reconoció que la pensión fue otorgada de forma vitalicia y los pagos se realizaron sin interrupción hasta marzo de este año.
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En su defensa, Casar expresó que nunca fue notificada de la suspensión de los pagos, que consideró unilateral y sin justificación legal, destacando la falta de notificación como un acto aparentemente arbitrario.
La controversia se intensificó con declaraciones del presidente Andrés López Obrador, quien mencionó en su conferencia matutina que los pagos fueron suspendidos por irregularidades en su otorgamiento, insinuando actos de corrupción, lo que provocó una denuncia formal.
Respondiendo a estas acusaciones, Casar publicó un video negando cualquier acto de corrupción vinculado a la pensión, reafirmando su integridad tras la trágica pérdida de su esposo hace casi dos décadas.
Este caso destaca la compleja interacción entre las instituciones estatales y los derechos de los individuos, especialmente en contextos de transparencia y corrupción, donde cada acción y decisión puede tener amplias repercusiones públicas y legales.
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