Nuestras Plumas
Claro y Conciso
Alberto Castelazo Alcalá
@Castelazoa
Sinaloa enfrenta una de sus peores crisis. Con más de 551 muertes violentas en tres meses, un promedio de siete asesinatos diarios, 18 mil millones de pesos en pérdidas económicas y 25 mil empleos en riesgo, la situación es alarmante. El conflicto armado entre facciones del Cártel de Sinaloa, los Mayitos y los Chapitos, mantiene a la población aterrorizada y a la economía paralizada. Culiacán, epicentro de esta violencia, vive en una constante anormalidad.
Las autoridades estatales y federales han mostrado inacción. En lugar de asumir el control, se excusan con argumentos débiles, desde culpar a Estados Unidos por la extradición de Ismael «El Mayo» Zambada, hasta justificar que la violencia cesará solo si los grupos delincuenciales «se ponen de acuerdo». Mientras tanto, la inseguridad y el miedo dominan la vida diaria en Sinaloa.
Una población atrapada por la violencia
En Culiacán, la vida cotidiana está detenida. Comercios apenas abren unas horas debido a la falta de clientes. Las escuelas permanecen vacías, y las calles se convierten en un desierto después de las 7 de la noche. El miedo a enfrentamientos, explosiones o balaceras obliga a los habitantes a encerrarse en sus casas. Esta nueva realidad refleja el abandono de las autoridades hacia su población.
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Un ejemplo reciente fue una explosión en las afueras de Culiacán que despertó a los ciudadanos en la madrugada. El estruendo generó confusión y múltiples versiones oficiales: desde la explosión de un tanque de auto, hasta el uso de un dron con explosivos. Esta falta de claridad y coordinación evidencia la incapacidad del gobierno para manejar la situación.
Estrategias fallidas y consecuencias devastadoras
Los operativos militares han sido ineficientes. Ni los 300 efectivos iniciales, ni los 2,500 militares desplegados en octubre, ni los 100 soldados de élite enviados en noviembre han logrado contener los enfrentamientos. Los narcotraficantes han adoptado tácticas de guerrilla que neutralizan la presencia militar, perpetuando el miedo en la población.
La visita del gabinete de seguridad a Culiacán el 8 de octubre, en la que intentaron mostrar una falsa normalidad, resultó en una burla para los sinaloenses. Mientras las cifras oficiales reportan un aumento constante de muertes violentas, las autoridades solo ofrecen promesas vagas de que la situación mejorará «con el tiempo». Este discurso refleja la falta de un plan concreto para resolver la crisis.
Impacto económico y social
Además de la pérdida de vidas humanas, el conflicto ha tenido un costo económico y social devastador. Comercios y empresas enfrentan serias dificultades para operar. La Coparmex de Sinaloa, liderada por Martha Reyes, presentó un «Plan Emergente de Recuperación Económica» en el Senado, buscando apoyo federal para diferir impuestos y garantizar el pago de aguinaldos. Los empresarios enfatizan que, sin esta ayuda, miles de empleos están en peligro.
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, reconoció que el gobierno no ha logrado detener la violencia. Sin embargo, sus declaraciones de que esto «no se resolverá de la noche a la mañana» resultan insuficientes para una población que vive bajo constante tensión.
Un llamado a la acción
Los sinaloenses necesitan soluciones inmediatas. Si las autoridades no pueden controlar el conflicto entre los Mayitos y los Chapitos, al menos deben implementar medidas de apoyo económico para evitar el colapso de la región. El gobierno federal tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad y estabilidad en Sinaloa, no solo mediante estrategias de combate, sino también protegiendo los empleos y el sustento de miles de familias.
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La pregunta sigue siendo: ¿cuánto más deben soportar los sinaloenses antes de que el gobierno actúe con firmeza? Tres meses de violencia, 551 vidas perdidas y miles de empleos en riesgo son un costo demasiado alto para seguir esperando respuestas. La historia juzgará a quienes, teniendo el poder de intervenir, eligieron no hacerlo.
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