Nacional
Redacción
LPO
El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alberto Pérez Dayán propuso invalidar la primera parte del «Plan B» electoral de AMLO, la sección que corresponde a la leyes Generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas que fueron aprobadas en la Cámara de Diputados en diciembre del año pasado.
En la exposición de motivos del juez, se mencionó las «graves violaciones al proceso legislativo», además del atropello que significan para los artículos 71 y 72 de la Constitución, en los que se establece que son referentes a la iniciativas y la formación de leyes en el legislativo.
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«La gravedad de tales infracciones en conjunto permite concluir con la invalidez del decreto cuestionado, por violación directa a los artículos 71 y 72 de la Constitución federal, esto porque la iniciativa no se conoció a tiempo, ni se publicó con la anticipación debida para su discusión en la Cámara de origen, dada la inobservancia a las disposiciones contenidas en el Reglamento de cada Cámara, desconociéndose con ello el principio de deliberación informada y democrática, así como los derechos que asisten a la representación popular», mencionó Pérez Dayán.
Otro de los motivos del ministro es que el presidente López Obrador mandó su iniciativa de carácter preferente después de la fecha que marca la ley para hacerlo, que es el día de apertura de cada periodo de sesiones: «A pesar de ello, el Grupo Parlamentario de Morena, con un mínimo ajuste, las hizo suyas y solicitó su trámite urgente».
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Pérez Dayán afirma que los legisladores nunca explicaron el motivo de hacer a la iniciativa de «urgencia u obvia resolución», su aprobación no fue resultado de un debate.
«Es evidente que al no publicarse el orden del día con la anticipación suficiente, los diputados accionantes no tuvieron conocimiento oportuno de lo que habría de discutirse en ella y, mucho menos, de la iniciativa presentada por los grupos parlamentarios de Morena, Partido del Trabajo y el Verde Ecologista y, en consecuencia, tener un debate real, democrático e informado sobre ella», remató el ministro de la SCJN.
