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Este año, el espectro político se tiñe de controversia. Las figuras líderes de Morena, PT, Verde y del Frente Amplio por México (FAM) han sido señaladas en repetidas ocasiones por presuntas infracciones a las regulaciones electorales.

Dentro del Instituto Nacional Electoral (INE), la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral ha recibido 996 quejas contra candidatos de Morena, PT, y el Partido Verde. Asimismo, los contendientes del FAM acumulan 807 denuncias en su contra.

Adán Augusto López, de Morena, se encuentra en la cúspide de esta lista negra con 338 reclamos, la mayoría vinculados a su presencia en eventos y promociones en plataformas digitales. A este le siguen Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum con 243 y 227 quejas, respectivamente. También han sido criticados por asistir a reuniones y utilizar propaganda en medios de comunicación.

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Por otro lado, destacan Xóchitl Gálvez, Enrique de la Madrid y Beatriz Paredes del bloque opositor, acumulando juntos más de 400 denuncias, principalmente por comentarios y publicidades en diversos medios.

La Comisión de Quejas y Denuncias del INE ha actuado, imponiendo 38 medidas cautelares entre ambas coaliciones. Sin embargo, estas no han frenado completamente las acciones señaladas, únicamente limitando ciertas manifestaciones de carácter electoral.

Asimismo, el INE delineó nuevas reglas para supervisar los procedimientos internos de los partidos políticos, a aplicarse antes de las elecciones de 2024. A pesar de las medidas preventivas, las infracciones a estas normativas han sido motivo de nuevos señalamientos ante la entidad electoral.

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Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum fueron sancionados con multas monetarias por no adherirse a estos lineamientos. De igual forma, la comisión instruyó la retirada de varias publicaciones y anuncios que promovían la imagen de Adán Augusto López y que excedían las fronteras de una campaña publicitaria convencional.

Actualmente, hay una considerable cantidad de quejas en proceso de evaluación por parte del INE. La Sala Especializada será la encargada de determinar las violaciones a la ley electoral y las potenciales repercusiones económicas.

Fuente El Universal

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