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La Cámara de Diputados aprobó un polémico dictamen con 259 votos a favor, respaldados por Morena y sus aliados, mientras que 205 legisladores de las bancadas de PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano votaron en contra. Hubo una abstención del diputado del Partido Verde, Javier López Casarín, quien apoya a Marcelo Ebrard.
La Oposición alega que esta decisión es ilegal tanto por el procedimiento seguido como por lo que describen como una “confiscación” de los recursos destinados a los trabajadores del Poder Judicial. Legisladores opositores han anunciado acciones legales en contra de la propuesta oficialista, argumentando su inconstitucionalidad.
La votación en la Cámara de Diputados fue el punto culminante de un día marcado por protestas y enfrentamientos entre trabajadores y sindicalizados del Poder Judicial y la policía de la Ciudad de México. Los incidentes tuvieron lugar en Periférico Sur, donde empleados de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa bloquearon la vialidad, y en Insurgentes Sur, cerca de La Bombilla.
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Gisela Morales, Oficial Mayor de la Suprema Corte, negó ante los diputados que el Poder Judicial haya transferido remanentes y sub ejercicios de sus presupuestos a fideicomisos, y que los recursos de estos se utilicen para beneficios privilegiados. Argumentó que seis de estos fondos y fideicomisos están directamente relacionados con los derechos de los trabajadores, incluyendo pensiones complementarias y apoyos médicos excepcionales.
Jesús Gilberto González, comisionado del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial, afirmó que los fideicomisos no están destinados al uso de los ministros, sino que beneficiarán a los 45,000 empleados.
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Durante el debate legislativo, los diputados de la Oposición calificaron la reforma como un ataque a los trabajadores del Poder Judicial y sugirieron que forma parte de los esfuerzos del Ejecutivo federal para debilitar al Poder Judicial. Salomón Chertorivski, de Movimiento Ciudadano, criticó el procedimiento seguido, pronosticando futuros amparos y acciones legales, lo que podría llevar nuevamente el caso a la Suprema Corte.
Margarita Zavala, del PAN, calificó la reforma como cruel y perversa, al considerar que viola los principios de separación de poderes y del debido proceso. Ahora, la extinción de los fideicomisos se enviará al Senado de la República, donde la Oposición buscará detener la eliminación de estos fondos.
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