Cártel

Redacción

Política Gurú

La negativa de la Semarnat a una corporación minera desencadenó un giro inesperado: el Cártel de Sinaloa inició la extracción de oro sin consentimiento oficial. Actualmente, este grupo controla la explotación en San Ignacio, Sinaloa, desde hace dos años.

El Gobierno había rehusado conceder permisos a Angeles Mine Corp, dirigida por Rubén Abraham Reyes Flores, de Mazatlán, para operar en El Patole. Las razones incluyeron la falta de diálogo con las comunidades locales y múltiples objeciones al proyecto.

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Sin embargo, hacia el final del mismo año, el cártel tomó las riendas, trabajando en 2.5 kilómetros de costa. Se reportan cerca de 100 pozos de hasta cuatro metros de profundidad para el cribado de arena, en un proceso que involucra químicos y agua marina.

La minería se desarrolla abiertamente, a pesar de la preocupación por la biodiversidad local, incluyendo tortugas marinas y la presencia de surfistas. La propuesta original contemplaba la exploración en dos puntos a lo largo del río Piaxtla y en las playas de El Patole, enfocándose en la extracción de oro mediante cribado gravitatorio.

Este cambio ha convertido a la zona de El Patole en un lugar dominado por el crimen, donde se intensifican las operaciones ilegales de minería. La situación ha escalado a pesar de las denuncias de mineros legales sobre amenazas y presiones por parte de los criminales.

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Desde 2022, la extracción ilegal en la playa de El Patole ha dejado un rastro de contaminación química. La región ya estaba en alerta por la violencia relacionada con el narcotráfico en la Sierra de Sinaloa desde 2015, pero el robo en la mina El Gallo 1 marcó un antes y un después en la preocupación por la seguridad minera.

Empresarios y representantes mineros han expresado su inquietud por la seguridad, sugiriendo medidas como rondines preventivos y una mayor colaboración con las autoridades. La situación, según los afectados, demanda una estrategia de seguridad más robusta, incluyendo campañas de limpieza y presencia militar, para enfrentar el incremento de la inseguridad.

Fuente Gpo. Reforma

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