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Redacción

Política Gurú

Esta tarde, representantes de Morena en la Cámara de Diputados llevarán a cabo una notable acción. Plantearán una crucial reforma legislativa con la intención de reducir el presupuesto del Poder Judicial. La estrategia principal consiste en eliminar trece de sus catorce fideicomisos existentes. Por consiguiente, se espera reasignar considerables fondos a la hacienda pública del país.

El líder de esta propuesta, Ignacio Mier diputado por Morena, se encuentra al mando en la Cámara. Propone crear una nueva ley que regule el manejo de los fondos y fideicomisos del Poder Judicial. Argumenta que estamos ante una fase de reestructuración institucional en México. Así, el sector judicial debe adoptar medidas de austeridad para optimizar su funcionamiento.

De acuerdo con Mier, la fiscalización y la moderación en gastos aún son objetivos pendientes. Considera que el limitado avance en estos aspectos alimenta una percepción social negativa hacia el Poder Judicial. Esta situación es intensificada por una cultura de excesos que, actualmente, la sociedad halla inaceptable.

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Adicionalmente, Mier critica las remuneraciones actuales del Poder Judicial. Menciona que los jueces reciben significativas sumas por conceptos de salario, aguinaldo y primas vacacionales, además de una asignación mensual para alimentación. Además, señala que se brindan amplios beneficios a los familiares de los ministros, lo que agrava aún más la situación.

Se menciona además que se destina una elevada cantidad para contrataciones y estímulos en las oficinas de cada ministro. Esta situación, indica, podría representar una carga financiera injustificada.

Por lo tanto, Mier sugiere preservar solo los fideicomisos estipulados por la ley orgánica respectiva. Aboga por la eliminación de los acuerdos establecidos fuera de esta normativa. Esta medida implicaría mantener activo únicamente un fideicomiso, el cual respalda la administración de la justicia federal.

De ser aprobada, la propuesta exigiría que los fondos remanentes sean reincorporados al tesoro público. Sin embargo, Mier recalca que los compromisos ya establecidos deberán ser respetados.

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La iniciativa será anunciada oficialmente esta tarde, tras ser publicada en la gaceta parlamentaria.

Un análisis reciente sugiere que esta reducción podría generar un retroceso significativo en el sector judicial. La situación podría asemejarse a la vivida en 2015, significando una potencial disminución de las capacidades institucionales.

El análisis advierte que el recorte podría conllevar la desaparición de una cantidad considerable de juzgados y tribunales en el territorio nacional. Esto marcaría un notable paso atrás, afectando la infraestructura judicial del país.

El Universal

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