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Redacción

Política Gurú

Durante 2021, el Banco del Bienestar evidenció fragilidades financieras, de acuerdo con revisiones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Se señalaron desvíos monetarios significativos y fallos operativos.

La ASF demandó un análisis detenido del gasto de casi 4 mil millones de pesos, dirigido a la modernización tecnológica y la implementación de cajeros automáticos en varias sucursales. Notablemente, esta cifra fue asignada a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), sin los registros adecuados.

Asimismo, se encontraron discrepancias en los pagos efectuados a Sixsigma Networks México, cerca del final del año mencionado, ascendiendo a más de 261 millones de pesos. Curiosamente, no existen registros públicos que corroboren la legitimidad y la fecha de uso de estos recursos.

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De manera preocupante, en 2021, no se solicitó la prueba del Plan de Recuperación de Desastres. La entidad encargada de garantizar la continuidad operacional en situaciones críticas no pudo confirmar la eficacia del plan mencionado, colocando a los sistemas vitales del Banco del Bienestar en una posición vulnerable.

Ante esto, se activó un proceso para que el Órgano Interno de Control inicie una investigación pertinente. De esta manera, se busca determinar las responsabilidades de los funcionarios que fallaron en gestionar y registrar los desembolsos correctamente, además de omitir las pruebas necesarias para el plan de contingencia.

En otro estudio realizado en el mismo periodo, se instó al Banco del Bienestar a explicar el uso de más de 7 millones de pesos, invertidos en infraestructura y equipos administrativos para varias de sus filiales.

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Acorde a datos del 2020, persisten interrogantes sobre el paradero de casi 183 millones de pesos, designados para obras y adquisiciones tecnológicas para otras sedes. De igual forma, se observó un aumento notable en los presupuestos iniciales para estas construcciones, y una falta de claridad legal respecto a las propiedades donde se desarrollarían.

En este marco, la ASF solicitó la apertura de tres investigaciones adicionales para esclarecer la actuación de los implicados.

Desde su inauguración en 2019, el Banco ha tenido varios líderes y múltiples quejas. A pesar de los cambios directivos, las controversias continúan, incluyendo pérdidas considerables en los programas impulsados por el presidente López Obrador en 2022.

Finalmente, los usuarios reportan inconformidades continuas desde 2019, reclamando significativas sumas por inconvenientes con los retiros en cajeros automáticos y otros errores de operación.

Fuente El Universal

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