Nacional
Redacción
Política Gurú
En la recta final de su gobierno y con el horizonte electoral a la vista, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha lanzado al Congreso un ambicioso conjunto de 20 reformas. Su objetivo es claro: imprimir la marca de la 4T en la Constitución de México. Estos cambios, lejos de fortalecer la democracia, parecen diseñados para concentrar el poder.
Una medida polémica es la propuesta de someter al Poder Judicial al escrutinio popular. Esta acción diluiría la independencia judicial, poniendo en riesgo la separación de poderes. Además, la eliminación de organismos autónomos y la reducción del INE son pasos hacia un control gubernamental más centralizado.
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El presidente también busca prohibir los transgénicos a nivel constitucional, tensionando relaciones con Estados Unidos. Limitar las concesiones de agua a usos domésticos y restringir actividades energéticas y mineras son parte de su agenda ambiental, pero plantean interrogantes sobre su viabilidad y efecto en la economía.
López Obrador quiere garantizar por ley el aumento del salario mínimo y establecer un piso salarial para profesionales clave, una medida populista que ignora las dinámicas económicas complejas. Asimismo, propone ampliar el acceso a internet y desarrollar infraestructura ferroviaria, promesas que requieren una ejecución impecable.
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Desde un discurso en Palacio Nacional, el presidente expresó su deseo de dejar un legado duradero, temiendo un retroceso en caso de perder el poder. Esta estrategia, aunque presentada como protección contra la corrupción, sugiere un intento de amarrar futuras administraciones a su visión política.
Este conjunto de reformas refleja una ambición sin precedentes de modificar la estructura política y social de México bajo la bandera de la 4T. La crítica no se hace esperar: estas acciones podrían estar minando los cimientos de la democracia mexicana en lugar de fortalecerla. El debate sobre estas reformas es crucial y debe ser amplio, incluyente y, sobre todo, crítico.
López
