Nacional
Redacción
Política Gurú
En respuesta a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que invalidó la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica promovida por Morena, el partido gobernante ha anunciado medidas contundentes. La bancada, liderando la Cámara de Diputados, plantea un juicio político contra el ministro Alberto Pérez Dayán, cuyo voto decisivo rompió el empate en la votación sobre la constitucionalidad de la reforma.
Durante una reciente conferencia, se comunicó que Morena no solo busca confrontar la decisión judicial mediante un juicio político, sino que también pretende modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Amparo. El objetivo es eliminar la figura del voto ponderado, argumentando que todos los ministros deben tener igual peso en sus decisiones.
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Juan Ramiro Robledo, diputado de Morena, acusó a los ministros de violar la Ley Orgánica del Poder Judicial al recurrir al voto ponderado sin antes considerar otras opciones para resolver el empate. Según Robledo, debería haberse invitado a otro ministro para intentar una conciliación entre las posturas opuestas, y solo en caso de persistir el empate, permitir al presidente de la Segunda Sala emitir un voto de calidad.
La posición de Morena es que estas acciones no solo representan una violación legal sino que también incurren en responsabilidades administrativas y políticas, según el Artículo 110 constitucional. Este artículo señala que los ministros y otras autoridades que violen la Constitución y las leyes federales deben ser sujetos a responsabilidad.
La vicecoordinadora de Morena, Aleida Alavez, criticó a la Corte por proteger los intereses generados por la reforma eléctrica anterior, impulsada por Enrique Peña Nieto, que privatizó la generación eléctrica en México. Anunció que, además del juicio político a Pérez Dayán, su partido acelerará las reformas legales para evitar el uso “tramposo” del voto ponderado.
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El coordinador de Morena, Ignacio Mier, expresó su descontento con las frecuentes revocaciones de leyes y decretos por parte de la SCJN, argumentando que esto vulnera la autonomía del Poder Judicial y afecta negativamente al Estado de Derecho.
En resumen, Morena se enfrenta a un desafío legal y político significativo. Busca no solo cuestionar una decisión específica de la SCJN sino también impulsar cambios legislativos que alteren la dinámica de decisiones futuras en el máximo tribunal del país. Este esfuerzo refleja una estrategia amplia para asegurar que sus reformas legislativas tengan un impacto duradero en el marco legal y político de México.
Pérez
