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Redacción
LPO
Después de que el INE presentara ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional en contra de la primera parte de la primera parte del Plan B de la Reforma Electoral, el Ministro Alberto Pérez Dayan admitió a trámite dicho recurso.
La queja del Instituto Nacional Electoral (INE) es contra las modificaciones a las reformas a las leyes General de Comunicación Social y General de Responsabilidades Administrativas, bajo el argumento de que afectan su autonomía y la capacidad de ejercer sus funciones constitucionales.
«El promovente de la controversia sostiene que el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la LGCS y de la LGRA, en las porciones normativas que destaca, vulnera las disposiciones 1, 6, 7, 35, 41 y 134 de la Constitución Federal», estableció el impartidor de justicia.
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Resulta importante resaltar que anteriormente, el propio Pérez Dayan aceptó seis acciones de este tipo por parte de la oposición y concedió una suspensión para que esas reformas no se apliquen en los procesos electorales de Coahuila y el Estado de México.
«Además, que producen una violación directa a las funciones que, como órgano autónomo, le confiere el texto Constitucional, esto es, que el decreto combatido obstaculiza la función que realiza con fundamento en los artículos 41 y 134 Constitucionales como garante, entre otros principios, de la equidad en la contienda electoral, en donde la comunicación social y la propaganda gubernamental tienen una importante incidencia», aseveró el ministro.
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