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Si algo ocasiona el reiterado destape de los presidenciables de la 4T en voz del presidente López Obrador es nerviosismo por las implicaciones que tiene esto en la Ley Electoral, y no sólo entre la clase política opositora sino, sobre todo, entre los asesores del mandatario federal. Ahora, tras el acto de Toluca, la alerta roja se prendió entre los constitucionalistas del Tribunal Electoral del Poder Judicial, azuzados por Ricardo Monreal.
Pues, de acuerdo con los rígidos criterios del constitucionalismo mexicano, durante el destape de los tres favoritos (el canciller Marcelo Ebrard, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y el secretario Adán Augusto López) se pudo poner en riesgo la elección de 2024. Al menos así lo denunció la oposición. Por lo que, como se pudo saber del war room de Morena en Edomex, ya se prepara el blindaje jurídico en Palacio Nacional.
Desde la Consejería Jurídica de Presidencia se ha dispuesto todo una análisis en la material para defender el acto en Toluca como el ejercicio de los derechos políticos de los militantes de un partido, consagrados en la propia Constitución. Ya que, asegura María Estela Ríos González, no se trató de un acto de campaña ni de precampaña, sino del anuncio sobre la participación en una encuesta para un proceso interno de Morena.
Contrario a lo que declaran desde la oposición, completó la consejera jurídica de AMLO, disputar la Coordinación Nacional de los Comités de Defensa de la 4T no equivale a la designación de la candidatura presidencial de Morena en 2024. Pues se trata de un cargo simbólico, parte de una estrategia política que por otro lado no contrae ninguna obligación constitucional, según la versión de Ríos González. Y recordó el caso de la impugnación de la senadora Susana Harp en Oaxaca.
Justo antes del arranque de la campaña oficial, Harp denunció ante el Tribunal Electoral que al ser nombrado Coordinador Estatal de la 4T, Salomón Jara se convirtió en precandidato único, lo cual afectó la paridad en la contienda (el mismo argumento de la oposición). La respuesta de Mario Delgado fue contundente: es una cargo simbólico y, siendo febrero de este año, Morena aún no habría nombrado a un candidato.
Estirando la liga, amparados en un resquicio de la interpretación de la ley, por consejo de María Estela Ríos podrán participar en los procesos electorales de 2023 tanto diputados y alcaldes, como gobernadores o secretarios de estado del oficialismo morenista, a quienes el PAN, el PRI, PRD y Movimiento Ciudadano insisten en que sean enlistados en el Catálogo de Sujetos Sancionados del Tribunal Electoral.
