L12

Nacional

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, decidió explotar el puente que iba cruzando, porque si llegaba al otro lado del río era peor. Esto es lo que sucedió la semana pasada cuando a un año de la tragedia en la L12 del Metro que causó la muerte de 26 personas, repudió el peritaje de la empresa noruega que contrató para ello, la acusó de mentirosa, de conflicto de interés y de querer lucrar políticamente. Esas culpas las tendrá que probar, si efectivamente da curso a la demanda civil que anunció interpondrá, y más maromas tendrá que hacer para que la verdad del peritaje no salga a la luz pública.

La inculpada Det Norske Veritas (DNV), que tiene más de 155 años de haber sido fundada y trabaja en más de 100 países, respondió con un comunicado escueto. Se apegó a los requisitos contractuales, afirmó, la metodología fue la correcta –y acordada– y ninguno de los involucrados tenía un conflicto de interés. Lo que entregó, apuntó, es lo que encontró como la causa raíz de la tragedia en la L12, cuyas conclusiones alarmaron a Sheinbaum, quien corrió a Palacio Nacional a informar que iba a detonar el contrato.

Su equipo revisó, aparentemente durante ocho semanas, el peritaje final de DNV, y Sheinbaum decidió que no se hiciera público. Acostumbrados en este régimen a ignorar las cosas y a dejar incompletas muchas porque han logrado normalizar la impunidad, parece que iba a dejar todo en el olvido, hasta que la empresa reclamó el pago del trabajo, estimado en su momento en 20 millones de pesos por la secretaria de Gestión Integral y Protección Civil capitalina, Myriam Urzúa. La presión del pago alteró el statu quo del silencio y dinamitó el puente. Aunque retórica como pregunta, queda la duda de ¿qué hubiera pasado si sólo paga? Después de todo, ya había estado manipulando a las víctimas y haciendo control de daños jugando con la información de DNV.

En vísperas del aniversario de la tragedia, las autoridades llegaron a un acuerdo reparatorio con la mayoría de los familiares de las víctimas, mediante el cual se evitarían procesos legales y sentencias penales. El acuerdo se alcanzó sin complicaciones, luego de que, coincidentemente, los señalados por la Fiscalía General capitalina de presuntas responsabilidades lograron que su audiencia de imputación se pospusiera por cuarta ocasión. Es decir, se alcanzó el acuerdo antes de conocerse formalmente las acusaciones. Anteriormente, la empresa constructora de Carlos Slim, que levantó la trabe que colapsó, hizo su propio pago reparatorio. De haberse conocido el peritaje final de DNV, eso no hubiera sido tan fácil.

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Origen: L-12 encubrimiento electoral

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