Nacional
Redacción
Política Gurú
El Presidente Andrés Manuel López Obrador ha revelado una verdad incómoda. Durante el mandato de Arturo Zaldívar en la Suprema Corte, el ejecutivo no dudaba en influir en decisiones judiciales. Esta confesión evidencia una práctica cuestionable de intervención en asuntos judiciales, especialmente en casos de su interés.
Bajo la presidencia de Zaldívar, había un velo de discreción. Sin embargo, el Gobierno «respetuosamente» hacía sentir su presencia. Esto incluía casos delicados, donde la delincuencia organizada mostraba su fuerza.
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Recientemente, hemos visto decisiones judiciales rápidas y cuestionables. Delincuentes son liberados en cuestión de horas, incluso en fines de semana. El Gobierno se ve obligado a intervenir, buscando otras órdenes de aprehensión para evitar su liberación.
En su conferencia, López Obrador contrastó las actitudes de Zaldívar con las de la actual presidenta de la Corte, Norma Piña. Zaldívar, según él, colaboraba más estrechamente con el Gobierno, priorizando el interés general y la justicia sobre la autonomía judicial.
El Presidente sugiere que, bajo Zaldívar, decisiones polémicas como la libertad condicional de Emilio Lozoya o el descongelamiento de cuentas vinculadas a Genaro García Luna no habrían ocurrido. Estos comentarios reflejan una clara preferencia por un Poder Judicial más alineado con el ejecutivo.
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La crítica de López Obrador hacia Norma Piña es directa y severa. La acusa de permitir un Poder Judicial sin restricciones, insinuando que promueve la corrupción y la impunidad bajo el disfraz de autonomía.
Esta declaración sobre la intervención del Gobierno en la justicia durante la presidencia de Zaldívar abre un debate necesario sobre la independencia judicial en México. La transición de Zaldívar a la política, uniéndose al equipo de Claudia Sheinbaum, añade otra capa de controversia a este asunto.
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