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A Rocío Nahle se le viene un escándalo de enormes dimensiones tras encontrarse sobrecostos de casi el doble del monto original de la refinería de Dos Bocas, desvío de recursos y denuncias de corrupción. La secretaria de Energía está a contrarreloj para entregarle al presidente López Obrador el segundo de los cuatro proyectos prioritarios del sexenio, a pesar de que el avance real de la obra no supera hoy 50%.
López Obrador fijó el 2 de julio de 2022 como la fecha de inauguración de la refinería de Dos Bocas. Lo determinó así para recordar que cuatro años atrás ganó la elección presidencial. AMLO es un hombre de símbolos y las fechas representativas son importantes para la narrativa que ha construido con sus bases electorales y que busca reforzar este próximo 10 de abril en la consulta de revocación de mandato.
No obstante, la refinería que comenzó a construirse en junio de 2019 bajo el mando de Rocío Nahle es un auténtico desastre, del cual ya ha sido notificado el Presidente. El 17 de marzo publicamos en este espacio que los directivos de Pemex Transformación Industrial informaron al gobierno que el presupuesto para la construcción de la obra en Dos Bocas aumentó considerablemente a cerca de 14 mil millones de dólares, en lugar de los 8 mil millones de dólares estimados originalmente.
El sobrecosto de la refinería de Dos Bocas es una escándalo mayúsculo que impacta al gobierno del presidente López Obrador por varios frentes: primero, porque lo exhibe como pésimo administrador, peor que los ‘neoliberales’ para estimar el costo de los proyectos; segundo, porque evidencia el fracaso de un proyecto altamente criticado por su inviabilidad; tercero, porque el aumento presupuestal se debe a que hay cientos de miles de millones de pesos desviados o sin rastro de a dónde fueron a parar; y cuarto, porque en la construcción de la refinería hay muchas empresas relacionadas a la familia de Nahle y otras acusadas de corrupción, incluidas las relacionadas con el director de la obra, Leonardo Cornejo Serrano, involucrado en el escándalo de Odebrecht.
Resulta sorprendente el error que cometió Nahle al encargarle el proyecto de la refinería a Cornejo Serrano, exdirectivo de Pemex y dueño de Ferraris, ligado a Emilio Lozoya, a quien la actual secretaria de Energía intentó abrirle un juicio político, entre otras cosas por el escándalo de Odebrecht. Para ese objetivo, la entonces diputada de Morena pidió su ayuda a los medios de comunicación y periodistas que habían dado seguimiento a los asuntos de corrupción del exdirector de Pemex, incluido el autor de esta columna.
El Grupo Huerta Madre, relacionado con la familia de Nahle, y la holandesa Van Oord fueron beneficiados con un contrato de 4 mil 900 millones de pesos para la conformación de plataformas y el dragado de la refinería. El esposo de la secretaria de Energía, José Luis Peña Peña, es el verdadero operador de los contratos. Su influencia en la entrega de obra es escandalosa, a decir de varios contratistas, proveedores y altos funcionarios de Pemex.
En este espacio también documentamos que entre los proveedores de la refinería hay empresas acusadas de corrupción como Citapia, del empresario Juan Carlos Tapia Vargas. De la mano de la empresa Mexicana de Recipientes a Presión, cuyo nombre cambió a Proese, opera el contrato del Paquete 6 por 78 millones de dólares. También se relaciona con las sociedades Manufactura Especial y Proyectos Industriales y Grupo Constructor Industrial Oil & Gas.
Así, mientras Nahle baja su perfil de secretaria, a pesar de que está en juego la reforma eléctrica, sube su visibilidad política, pues aspira a suceder el impresentable gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García.
Con lo escandaloso de los sobrecostos, los desvíos de recursos y la corrupción en el “paraíso” tabasqueño de Dos Bocas, se antoja imposible que logre sus aspiraciones políticas.
Posdata
Mañana es un día clave para la reforma eléctrica que pretenden Morena y el presidente López Obrador. La Suprema Corte de Justicia de la Nación prevé analizar y resolver la presunta inconstitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica, aprobada por el Congreso en 2021 y denunciada por legisladores de oposición y la autoridad de competencia (Cofece). El proyecto lo propuso la ministra ‘militante’ Loretta Ortiz. Se requiere que por lo menos tres ministr@s más voten a favor de dejar en firme los cambios promovidos por el gobierno. Se prevé que solo Yasmín Esquivel y quizá el ministro presidente, Arturo Zaldívar, acompañen a Ortiz en el proyecto. Si así sucede, será un golpe importante para el Presidente en el contexto de la discusión de la reforma eléctrica en el Congreso federal.
Origen: Rocío Nahle: fracaso y corrupción a la vista