Estados
Redacción
Política Gurú
En las últimas semanas, el estado de Guerrero ha sido sacudido por una grave crisis política y de seguridad. Los focos de violencia se han centrado en los alcaldes y sus gobiernos, evidenciando presuntos vínculos con organizaciones criminales.
Los mensajes aterradores, dejados junto a cadáveres y en videos, han revelado la alarmante infiltración del dinero del crimen organizado en las campañas electorales y la subsecuente vulnerabilidad de las autoridades municipales ante los delincuentes.
El director del Centro de Defensa de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrero Hernández, alertó sobre el riesgo de depender de acuerdos con grupos criminales, destacando que el dinero del crimen ha encontrado su camino en las campañas políticas, comprometiendo la integridad de los candidatos y los futuros funcionarios.
Te puede interesar: RI 20230725
Las consecuencias de estos pactos siniestros son evidentes. En junio, el alcalde de Iguala ordenó el cierre del ayuntamiento debido a amenazas, mientras que en Taxco, ataques violentos provocaron el cierre de negocios y la suspensión del transporte público. Además, el dirigente de Copala del PVEM fue asesinado, lo que dejó en evidencia la participación del crimen organizado en el ámbito político.
Abel Barrero señala que la crisis se debe a la permisividad del sistema político que ha permitido la participación del crimen organizado en las elecciones. Los partidos políticos han perdido su sentido y se han convertido en una agencia de colocación de intereses particulares, con el candidato más respaldado por la delincuencia obteniendo el apoyo financiero.
Chilpancingo fue el epicentro de la crisis, donde siete cadáveres desmembrados y cabezas humanas con mensajes dirigidos a la alcaldesa y el síndico fueron encontrados en las calles. La violencia escaló, y cinco choferes fueron asesinados, dos junto a sus taxis incendiados, mientras que los pobladores de comunidades bajo el control de Los Ardillos tomaron la capital del estado, paralizando la ciudad durante varios días.
La crisis se agravó en abril cuando ocho alcaldes bloquearon carreteras en protesta por los vínculos entre políticos y líderes criminales.
Síguenos en Twitter para mantenerte siempre informado
Abel Barrero insta a investigar y revertir estos pactos clandestinos que socavan el Estado de derecho. La Fiscalía General de la República debe identificar los focos rojos y erradicar la participación de grupos criminales en la política. Además, las instituciones de seguridad deben alertar sobre estos riesgos y depurar profundamente los partidos políticos, que han perdido su esencia al mercantilizar los cargos públicos.
La democracia no puede subastada al mejor postor, y menos aún al crimen organizado. Es hora de erradicar estas prácticas oscuras y restaurar la integridad del sistema político para devolverle la estabilidad y seguridad a Guerrero.
Fuente: El Universal
Guerrero
