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Durante el primer semestre de 2023, el IMSS, el ISSSTE y el Insabi lideraron los contratos federales por adjudicación directa, sin licitación previa, para adquirir medicinas, equipos médicos e infraestructura, según un informe de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
El IMSS gastó un alarmante 45% de su presupuesto, aproximadamente 70 mil millones de pesos, bajo este esquema, y actualmente enfrenta críticas debido a fallas en su servicio de elevadores.
Por su parte, el ISSSTE adjudicó mediante esta vía el 67% de su presupuesto, equivalente a 27 mil 63 millones de pesos.
El Insabi, en proceso de transferir su infraestructura y gasto al IMSS-Bienestar, asignó sin licitar el 40% de sus recursos, alrededor de 9 mil 195 millones de pesos.
El año anterior, tanto el IMSS como el Insabi también figuraron entre las instituciones federales con un alto porcentaje de contratos otorgados sin licitación.
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En el primer semestre de 2022, las instituciones que más contratos concedieron bajo esquemas de excepción fueron el IMSS, el Insabi, Diconsa, Banco del Bienestar, Fonatur, Segalmex, Conagua, Guardia Nacional, ISSSTE y la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. Los contratos oscilaron entre mil 646 millones y casi 22 mil millones de pesos.
Aunque la Constitución establece que la licitación pública debe ser la regla general, las instituciones de salud mantienen la adjudicación directa como regla, argumentando restricciones sanitarias y urgencia médica debido a la pandemia de COVID-19, lo que ha llevado a un aumento en el porcentaje de contratos sin licitar.
La investigación de MCCI también revela otras irregularidades, como la asignación de contratos a empresas de reciente creación y sin experiencia previa en licitaciones, con un total de 143 compañías identificadas en esta situación en 2023.
Además, se ha observado la contratación de empresas previamente sancionadas o inhabilitadas por diversas irregularidades.
A nivel federal, el 70% de los contratos entregados por el Gobierno se realizaron por adjudicación directa, según la investigación de MCCI.
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Enrique Martínez, director del Instituto Farmacéutico México, denunció que los contratos por adjudicaciones directas en el sector salud han sido una práctica común y creciente durante este Gobierno. En 2017, solo el 10% del total de medicamentos adquiridos para el sector público se hizo mediante este tipo de contratos, mientras que en 2021, esa cifra superó el 50%.
A pesar de esto, el desabasto de medicamentos en comparación con el nivel de existencias en 2018 todavía alcanza un preocupante 30%.
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